Santiago 30 diciembre, 2022
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG, dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron. "Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son algunas de las conclusiones que ponen en peligro al proyecto minero portuario controlado por la familia de Carlos Alberto Délano.
“Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son algunas de las conclusiones a las que arribaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron.
Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
El reporte emitido por la Subsecretaría del Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró, dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago, como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo, por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base, especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, en tanto, reiteró sus críticas a la compañía al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
“La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que, además, es el encargado de resguardar y administrar la referida Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica. Esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) señalaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que, con posterioridad a la evaluación ambiental, la firma propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cuestionó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno, sin que existiera una justificación técnica que permitiese asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”; y, finalmente, el SAG califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA), en tanto, criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron, lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades de la iniciativa. De acuerdo con la compañía, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente, que data de 2021.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Cabe recordar que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017, tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el Tribunal Ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros, el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
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